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¿A quién pertenece la Reforma de Telecomunicaciones mexicana?

Aunque la reforma de telecomunicaciones es una iniciativa del estado mexicano, le corresponde a la industria de este sector sacarle provecho para beneficiar a la mayor cantidad de población posible.

La infraestructura es el insumo esencial para la operación del sector de TI, basado en nodos y redes. En el caso de la red de telecomunicaciones son los postes, elementos de infraestructura de los que depende la instalación física del cableado para la provisión de servicios a los hogares y empresas del país. Los concesionarios que buscan desplegar una red de telecomunicaciones en México dependen del uso de la infraestructura pasiva existente (postería) perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, uno de los grandes pendientes de la aplicación de la Reforma de Telecomunicaciones en México ha sido el cumplimiento efectivo de la compartición infraestructura pasiva del preponderante.

Por el lado del capital de infraestructura de empresas productivas del estado, recientemente tuvo lugar un paso muy importante para la resolución de este cuello de botella del desarrollo de redes de telecomunicaciones.

Su gestación y anuncio corrió a cargo del subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Edgar Olvera, quien presentó la estrategia y documento de “Disposiciones de Acceso para Telecomunicaciones a la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional”, a partir de las cuales se dará acceso a la infraestructura de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con estos lineamientos se habilita una oportunidad para que los operadores de telecomunicaciones tengan a su disposición 11 millones de postes, con 820 mil kilómetros de extensión, que alcanzan una cobertura de más de 98% de la población.

Por el lado de la simplificación administrativa y tarifaria, destaca la determinación de contar con una contraprestación única por operador, con ajustes de acuerdo con el peso del cableado.

Estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2019, en sustitución de aquellos publicados en 2013 que solo permitían el uso de cada poste por un solo operador.

En un país que se caracteriza por su déficit de infraestructura para la provisión de servicios en dos dimensiones –aquél con el que no se cuenta, así como aquél que se tiene, pero se utiliza de manera subóptima– estas disposiciones garantizan un uso eficiente del capital desplegado. Ello, al brindar confiabilidad, continuidad y seguridad de la infraestructura de postes de la CFE.

Bajo estas nuevas condiciones de acceso, se facilitará la operación de la red eléctrica de distribución, al reducir, en algunos casos, los costos asociados con su mantenimiento. Mientras que para los operadores de telecomunicaciones se establecerá un escenario de certidumbre, transparencia y acceso competitivo a esta infraestructura.

En el evento de presentación, llamó la atención también el señalamiento y reflexión del subsecretario: ¿A quién pertenece la Reforma en Telecomunicaciones?

Al Estado, en su más amplia definición. No al gobierno, ni a los legisladores. No a la industria, por sí sola. Ni siquiera en exclusividad a los consumidores. Sino al conjunto de los agentes que producen, diseñan, consumen y dependen de estos servicios de impacto transversal.

Ciertamente la iniciativa de reforma derivó de la conformación del Pacto por México, posteriormente procesada y aprobada por el Poder Legislativo; en realidad, se trata de un corpus normativo que pertenece a la nación, no a los partidos políticos, ni al gobierno. Incluso viene al caso pensar que el consumidor puede reclamar su propiedad efectiva, pero requiere de una gestión y defensa eficaz.

En palabras del subsecretario Olvera: “Lo que más preocupa es la continuidad. Si no se da continuidad, entonces todo lo avanzado, lo caminado, se irá por la borda, absolutamente todo”.

La reforma ha sido una magnífica iniciativa. Su aplicación cabal y efectiva está aún en proceso. Así, toca en lo sucesivo gestar esa materialización de sus efectos en términos de inversión y competencia, cabe insistir, de parte del conjunto de agentes económicos del sector, particularmente la industria de telecomunicaciones.

Sobre el autor: Ernesto Piedras es director general de The Competitive Intelligence Unit.

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