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Riesgos de las sanciones por la desconexión de internet

Preocupados por el impacto de la inminente desconexión de plataformas de internet por parte del gobierno mexicano, la ALAI propone alternativas para evitar este escenario y fomentar el pago de impuestos de estos servicios.

Durante  la Segunda Mesa de Trabajo del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para el análisis del Paquete Económico 2021, Sissi De La Peña, gerente de Comercio Digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), expresó la preocupación que tienen desde ALAI sobre la “desconexión de internet” planteada para las plataformas que no logren llegar en tiempo y forma a las exigencias que puso el gobierno para este año en el nuevo paquete fiscal.

El paquete 2021 incluye una sanción -eliminada en el paquete 2020- que permite a la autoridad fiscal ordenar a los proveedores de servicios de internet suspender temporalmente el acceso a los servicios digitales cuando la plataforma o el proveedor de servicios digitales no cumpla con las disposiciones fiscales. 

“En ALAI consideramos que existen algunos componentes que se ven impactados negativamente con esta medida: por un lado, se viola el derecho humano de libertad de expresión (bajo el artículo 6 de la Constitución de México, que garantiza la accesibilidad a la Sociedad de la Información incluyendo internet, la libertad de información y la libertad de expresión), por el otro, la propuesta introduce violaciones al T-MEC y a las disposiciones sobre Neutralidad de la Red del Artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contra el bloqueo y filtrado; y por último, también contradice lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluida la Declaración conjunta de Libertad de Expresión en plataformas de internet, emitida por el Relator Especial de ATI de la OEA”, señaló De la Peña. 

“Si bien el procedimiento establecido en la iniciativa cumple con ciertas garantías procesales, como lo es la audiencia previa y el desahogo procesal, consideramos absolutamente desproporcionada y radical la medida sobre establecer una sanción única”, agregó. 

Además, la Asociación señaló algunas de las consecuencias de esta medida, como fragmentar temporalmente a México e impedir a ciertos sectores acceder a la totalidad del contenido del internet global y generar un precedente muy negativo que interrumpiría el funcionamiento natural de internet por diseño: libre, abierto y accesible.

“ALAI estima que una medida de la naturaleza del bloqueo temporal puede implicar violaciones significativas al capítulo de Comercio Digital del (T-MEC), toda vez que conlleva a que el consumidor no tenga la capacidad de acceder y usar, a su elección, los servicios y aplicaciones disponibles en internet. Así, dicha medida implicaría un trato menos favorable a los proveedores de servicios extranjeros, y del principio de libre flujo de datos e información entre los países”, dijo De la Peña.

Al respecto, señaló que se afectarían el párrafo cuarto del artículo 19.2 del T-MEC y los Capítulos 14 y 15 al 17 por ser el Comercio Digital una expresión más de Comercio Transfronterizo.

Sin embargo, ALAI sugirió al gobierno dos caminos posibles ante esta situación:

  • Simplificar y flexibilizar el proceso: tal como lo ha hecho Chile (35 empresas registradas ante el SAT de México al 7 de septiembre contra 105 registradas en Servicio de Impuestos Internos de Chile -SII- al 12 de octubre) para que todas las empresas puedan registrarse efectivamente ante las autoridades fiscales mexicanas; o 
  • Implementar un modelo alternativo: buscar otros aliados para la recaudación de impuestos para la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a las prestaciones de servicios digitales de no residentes. Existen otros modelos de recaudación de impuestos en la región que han demostrado cierta efectividad. Por ejemplo, en 2018 el gobierno de Argentina publicó una lista de proveedores de servicios no residentes y exigió a los intermediarios financieros cobrar el IVA en cada transacción. A principios de este año, el gobierno de Ecuador hizo lo mismo.

“Este no es un tema de cumplimiento fiscal sino de derechos. Las plataformas cumplirán, pero con independencia de ello, una sanción desproporcionada como la propuesta traería consecuencias no deseadas que son perjudiciales para las personas usuarias de los servicios, además incurriría en incumplimientos a obligaciones internacionales y regulación nacional de respeto a los derechos de los usuarios”, señaló De la Peña. 

Agregó que los miembros de ALAI tienen un fuerte compromiso al cumplimiento de las obligaciones fiscales y cumplen con las leyes mexicanas en materia fiscal. Sin embargo, “el proceso implementado por el gobierno mexicano para el registro de las empresas ha sido el más complejo y laborioso que han experimentado nuestros miembros al menos en la región de América Latina y el Caribe”, concluyó De la Peña.

La funcionaria destacó también que, durante esta emergencia sanitaria, el ecosistema digital ha representado la oportunidad para que millones de mexicanos pudieran ejercer de forma efectiva sus derechos económicos y sociales. Es por eso que ALAI se encuentra abierta al diálogo productivo con las autoridades para que se cumplan las obligaciones internacionales de México, con contribuciones justas y conforme a derecho, consolidando un espacio digital en donde pueda haber ejercicio de cada vez más derechos para cada vez más personas.

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